La secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la “privación ilegal de la libertad” de un funcionario de la Cofepris y prepara otra por delitos contra el ambiente en contra del grupo concesionario del aeropuerto de Tijuana.
En conferencia de prensa y acompañada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, la secretaria de la Función Pública estatal detalló que el trabajador de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue detenido durante 12 horas sin ninguna causa.
“Es importante que sepan que este muchacho estuvo detenido sin ninguna causa, solamente porque él trató de entrar donde le dijeron que había irregularidades, estuvo 12 horas detenido”, comentó.
Ayer, Bonilla señaló que personal del aeropuerto no dejó que funcionarios de la Cofepris estatal realizaran una inspección, y los arrestaron por “terrorismo”.
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Por ello, Espinosa Martínez señaló que “no puede ser terrorismo porque llevaban un acta de inspección, tenían dos días intentando ingresar, como tal sí llevaban un documento que les acreditaba el acceso”.
En tanto, el gobernador Bonilla también señaló a los elementos de la Guardia Nacional que deberían responder a la detención del funcionarios de la Cofepris.
“Estamos hablando de funcionarios federales, hay una queja contra elementos de la Guardia Nacional por congraciarse con una persona de seguridad que le dio instrucción a la Guardia Nacional de que detuvieran, es un gran error seguir una instrucción de una empresa de seguridad privada, habla muy mal”, dijo.
La titular de la SHFP adelantó que se presentará una denuncia en contra del aeropuerto ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por ser una fuente contaminante de suelos. “Por derrame y descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales”, comentó.
La funcionaria agregó que “el objetivo en la denuncia ante la FGR es fincar responsabilidad penal en contra de quien resulte responsable, pero también determinar una reparación de daños. Además, se deberán realizar inspecciones para determinar el grado de incumplimiento de las leyes ambientales”, dijo.
