El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, tramitó un amparo para evitar alguna orden de aprehensión en su contra derivada del caso Ayotzinapa.
El exfuncionario formó parte de la investigación por la desaparición de 43 normalistas, y se le señaló de que pudo haber alterado evidencia del caso cuando aparecieron restos óseos quemados dentro de una bolsa.
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El hallazgo ocurrió en el basurero de Cocula y, después de varios análisis, se concluyó que contenía los restos del normalista Alexander Mora Venancio.
El caso Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en la localidad de Iguala, Guerrero.
Según la versión oficial, fueron detenidos por policías municipales y luego entregados a miembros del cártel “Guerreros Unidos”.
De acuerdo a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, los narcotraficantes asesinaron a los estudiantes e incineraron sus restos en un vertedero de basura, ubicado en Cocula.
Un grupo de expertos, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó el caso y dio una versión diferente. Sostuvieron la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero, y dijeron que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
El actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso en diciembre de 2018, y estableció la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Por su parte, padres y familiares de los jóvenes organizaron una caravana por 16 escuelas normales en mismo número de estados, ante los nulos avances del gobierno de AMLO en la investigación.
Familiares y activistas han acusado a los jueces y a los fiscales de defectos en las indagatorias, así como de sentencias que han dejado libres a presuntos responsables del crimen, y por entorpecer la búsqueda del paradero de los desaparecidos.
El pasado 5 de marzo, López Obrador firmó un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes.
La Universidad de Innsbruck en el caso de los 43
El Instituto de Medicina Legal (IMG) de la Universidad de Innsbruck comenzó su colaboración en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas.
El entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunció el 7 de noviembre que para identificar los restos óseos encontrados en Cocula (Guerrero) acudirían a la Universidad de Innsbruck, donde son pioneros en pruebas mitocondriales.
La Universidad aplicó la técnica de Secuenciación Masiva Paralela, que consiste en el análisis de la información genética que cada individuo hereda únicamente por la madre y que está contenido en la mitocondria, el órgano encargado del suministro de energía para la actividad de cada célula del ser humano.
