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La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se pronunció este jueves en contra de las “descalificaciones” del presidente Andrés Manuel López Obrador al organismo y exigió que se le dote del presupuesto suficiente para operar y se amplíen sus capacidades.
Esta semana, López Obrador desestimó reiteradamente la función del Conapred, al que acusó de ser parte de la burocracia de gobiernos anteriores y al que amagó con desaparecer para que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de Gobernación.
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Tras ello, el órgano ciudadano de asesoría y promoción del Conapred emitió un extrañamiento y exigió al jefe del Ejecutivo revalorar la relevancia del organismo, argumentando que su existencia es resultado, “no de una administración, sino de una larga y dura lucha y demanda de grupos históricamente discriminados y de numerosas organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales y activistas”.
Añadió que “la descalificación al organismo implica vulnerar las justas luchas y demandas que se han enarbolado desde distintos colectivos sociales”.
“El proyecto presidencial, sustentado en la poderosa idea de poner primero a los pobres, implica reconocer que muchos de ellos se encuentran en esa condición debido a que son personas que son víctimas de prácticas discriminatorias precisamente”, advirtió la Asamblea Consultiva.
En el mismo pronunciamiento, pidió al presidente López Obrador impulsar una nueva estrategia nacional para prevenir y erradicar la discriminación, “pues su persistencia vulnera los derechos de millones de personas en nuestro país”. Para ello, la Asamblea pide incrementar el presupuesto y ampliar las capacidades y recursos para la operación del organismo.
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Además solicitó “promover una reforma de Ley que fortalezca las capacidades del Conapred, y que le dote de nuevas facultades con base en lo estipulado en el Artículo 1º de la Constitución, y en las determinaciones que en esa materia ha emitido vía sentencias o tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Solicitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que reiteren el compromiso de “no reducir los recursos de este organismo y que ratifique su apoyo a las agendas que desde hace años hemos trabajado como prioritarias para lograr un país más igualitario”.
La Asamblea añadió que “construir un país de plena inclusión, justicia y dignidad para todas y todos, requiere de avanzar en la erradicación de las prácticas discriminatorias y estereotipantes; del racismo y el clasismo que impera en amplios sectores de la población; de la xenofobia y de otras prácticas análogas de intolerancia, porque sin ello, ni la democracia ni la justicia social serán posibles de manera universal en nuestro país”.
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