El gobierno y los principales empresarios de México se apresuran para cumplir con las normas laborales del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
La nueva alianza comercial les pide asegurar la libertad de asociación y de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y dotar a los trabajadores de condiciones laborales aceptables en cuanto a salario, horas de trabajo, seguridad y salud.
Todo ello se contempla en la reforma laboral que se irá implementando por fases hasta que llegue a su operatividad total para 2022.
Puedes leer: Empresas petroleras de EU acusan a México de acciones discriminatorias que violan el T-MEC
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que “quizás” en noviembre de este año se podrá ya iniciar “el nuevo modelo laboral” en las diez entidades federativas en las que estaba proyectado.
Ello involucra a la apertura de instancias estatales y del Centro Federal de Conciliación y Registro que coordinará “todas las nuevas reglas democráticas de este nuevo modelo”.
Mientras, el mecanismo ordinario tardará entre 11 y 14 meses en elaborar informes finales sobre las disputas abiertas.
El tratado contempla sanciones por violaciones laborales, que pueden ser comerciales e incluso implicar embargos de mercancías si son repetidas, algo inédito hasta el momento en comercio internacional.
Normalmente las represalias suspenderán los beneficios del T-MEC mediante un aumento de aranceles.
Además incluye dos mecanismos de respuesta a las posibles controversias, uno estándar entre gobiernos y un novedoso Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) que es de aplicación directa de un gobierno a una planta o conjunto de plantas.
Éste solo podrá actuar en materia sindical y podrá sancionar en menos de seis meses.
Empresarios piden evitar demandas
A su vez, empresarios y gobierno coincidieron en la necesidad de establecer una estrategia preventiva y anticiparse a las posibles demandas de Canadá o Estados Unidos, un país que ya ha empezado a crear comités para solucionar controversias laborales.
“Lo que queremos es saber qué hacer para no llegar a esa demanda, y también que tengan la seguridad que hemos estado trabajando con nuestras contrapartes para también tener una relación de comunicación y entendimiento”, explicó la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
Las autoridades federales sostuvieron una mesa de trabajo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
