La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobó el martes las reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos que permiten, de manera privisional, que el gobierno capitalino realice ajustes presupuestarios para atender la emergencia por el Covid-19.
El dictamen fue aprobado con 10 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
En una sesión en línea, la presidenta de la comisión, la diputada Guadalupe Morales Rubio, afirmó que la propuesta busca proteger y garantizar el derecho a la vida y a la salud.
Además, detalló que el gobierno capitalino ha tenido que realizar adecuaciones al presupuesto, pero que requiere de más libertad para enfrentar la pandemia.
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La actual Ley de Austeridad únicamente permite que los ajustes sean de hasta el 10%. De rebasar dicho porcentaje, requieren de la aprobación del Congreso.
“Los requisitos de gasto de la ciudad varían día a día, conforme evoluciona la pandemia, y a ello hay que sumar la previsión aún por determinar de menores ingesos, y continuar con la ruta de requerir y esperar la opinión del Congreso, demorando la actuación expedita del gobierno”, explicó Morales Rubio.
El dictamen de adiciones a la Ley de Austeridad será discutido este viernes en el Pleno del Congreso. De obtener la aprobación, el Gobierno de la Ciudad de México podrá realizar los ajustes presupuestarios necesarios para atender la crisis por el coronavirus.
Legalidad y transparencia al erario público
El legislador Jorge Gaviño Ambriz, quien acudió como invitado a la sesión, afirmó que la iniciativa es sobre la gestión del gasto gubernamental y no de un estado de emergencia, ya que éste no ha sido declarado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
“El problema es que, tanto en la iniciativa como en el dictamen, no hablan del número de empleos perdidos, de cuántas empresas han cerrado, de cuánto ha gastado”, apuntó.
Por su parte, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, también del PRD, afirmó que no es un tema de sensibilidad o de salud, sino de darle legalidad y transparencia al erario público.
