Por Ana Lucía Hernández
El 5 de marzo pasado me sepultaron. El acta de defunción señala que fue un suicidio. El médico legista simuló una necropsia y, aún así, concluyó que la causa de mi muerte fue asfixia por estrangulamiento por haberme colgado de un árbol en mi propia casa. Pero 42 días después exhumaron mi cuerpo y todo quedó en evidencia, me asesinaron.
Liliana tenía 20 años. Era la quinta de seis hermanos. Creció en una comunidad indígena Wixárika del municipio de Mezquitic, en la sierra norte de Jalisco. Estudió hasta la secundaria y le gustaba cocinar. Cuando tejía en el telar de cintura siempre había música de fondo, su grupo favorito era El Venado Azul.
Según el testimonio de su esposo, discutieron la tarde del 2 de marzo y él salió de la casa a comprar comida para preparar la cena. Cuando regresó, asegura, Liliana ya no estaba. De acuerdo con Mara Muñoz, defensa de la familia de Liliana, él dijo en su declaración que no supo nada de su esposa hasta la mañana siguiente cuando “la encontró colgada de un árbol. Él mismo avisó a las autoridades. Afirmó que se trataba de un suicidio”.
A la casa llegaron autoridades de la comunidad, policías municipales, estatales, gente del ministerio público y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mara Muñoz denuncia que nadie registró la mancha de vómito y saliva que había en el piso de la recámara, un collar roto, objetos revueltos por toda la casa ni la huella de arrastre que había hasta el árbol. “Ni siquiera hubo cadena de custodia de la bufanda con la que presuntamente Liliana se había ahorcado”, asegura.
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Cadena de omisiones y violaciones a Derechos Humanos
El cuerpo de Liliana estuvo colgado más de doce horas desde el hallazgo: nueve, que fue lo que tardó en llegar el personal de la Fiscalía de Jalisco y tres más, por las diligencias. De ahí lo llevaron a Huejuquilla, donde le harían la necropsia para determinar las causas de la muerte.
En la queja que la familia presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se señalan graves violaciones al debido proceso. Entre otras cosas, porque no se siguió el protocolo de feminicidio, obligatorio en todos los casos de muerte violenta de mujeres en Jalisco, incluídos los suicidios. También denuncia que en el dictamen de la necropsia no hay registro de raspado de uñas ni muestras vaginales, proctológicas y bucales para descartar agresiones.
La fiscalía entregó a la familia de Liliana la ropa que vestía el día que la asesinaron, incluida la bufanda. El documento, en poder de Latinus, señala que “fueron entregadas sin que se nos informara que las mismas eran relevantes para la investigación”.
“Cuando supimos del caso, lo primero que hicimos fue una reconstrucción de los hechos. Pedimos a la Fiscalía que nos dieran acceso a la carpeta de investigación y lo que vimos fue impresentable: las únicas tres declaraciones de testigos se hicieron sin intérprete calificado y no se entienden, las fotografías estuvieron mal tomadas, había graves omisiones en los informes del criminalista y del médico forense”, asegura Mara Muñoz, presidenta del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, en entrevista con Latinus.
En una reunión con la Fiscalía de Jalisco, la organización solicitó que la carpeta de investigación se reabriera como feminicidio y se formara un grupo multidisciplinario para hacer nuevas diligencias, entre ellas, una segunda necropsia y tomar la declaración de por lo menos 15 personas.
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Investigación simulada
El 16 de abril exhumaron el cuerpo de Liliana. Otro médico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, IJCF, se encargó del procedimiento. En el reporte que entregó a la Fiscalía, y al que Latinus tuvo acceso, se evidenciaron las irregularidades de la primera necropsia.
Dice textual: en el abdomen, “de la misma manera que en el tórax, sólo se aprecia corte a capas superficiales y profundas en la piel sin exponer la cavidad abdominal”.
Mara Muñoz asegura que “se confirmó que todo fue un engaño, las incisiones que se hicieron en marzo fueron superficiales, abrieron y volvieron a coser. El médico dijo: no se hizo, literalmente no se hizo nada. En la grabación de la segunda necropsia se ve cuando abren el cráneo que estaba intacto”.
En la ampliación de la queja presentada a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, la familia exige que se castiguen las omisiones y la simulación del médico José Fernando Montes de Oca, comisionado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por la Presidencia Municipal de Mezquitic, encargado del primer procedimiento y quien certificó la defunción.
El texto señala que solicitan la intervención de las autoridades “a efecto de iniciar investigación en su contra y, en su momento, se le impida el ejercicio de la profesión médica por negligente y criminal”.
Lo mismo para el perito criminalista del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “Ulises Adrián Arellano se presentó como testigo en la audiencia de vinculación a reiterar que Liliana se suicidó y que el trabajo que hicieron estuvo bien hecho. Es un absurdo. Estos dos personajes no deben volver a trabajar en una institución pública, por lo menos”, asegura Mara Muñoz.
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Testimonio clave
Como parte de las diligencias solicitadas a la Fiscalía de Jalisco, el Observatorio logró que se tomara, por primera vez, la declaración de la hija de Liliana, único testigo presencial de lo que ocurrió el 2 de marzo.
El testimonio fue grabado el 17 de abril, participaron una psicóloga y una trabajadora social del Centro de Justicia para la Mujer, y una traductora, perito en lenguas maternas. En el registro textual se señala que la menor de tres años vió a su mamá en el suelo.
(Menor) responde a (Psicóloga) a través de (Interprete): Mi papá mató a mi mamá y luego la colgó en el árbol de atrás.
(Psicóloga) pregunta a (Menor) mediante (Intérprete): ¿Me enseñas?
Tomándose ambas de la mano y se dirigen caminando hacia atrás de las casa…
(Menor) a través de (Intérprete) señala con su mano derecha: Ahí estaba colgada mi mamá, mi mamá estaba colgada con algo que se puede amarrar como esto.
Forense niega suicidio
El informe de la segunda necropsia, incluida en la carpeta de investigación, concluye que existen “elementos característicos de la aplicación de una fuerza constructora externa intencionada, descartando el acto suicida”.
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Liliana conoció a su esposo en la secundaria. Quedó embarazada a los 16 años. Nunca denunció los malos tratos, pero gente cercana a ella sabía muy bien lo que pasaba dentro de su casa: gritos, insultos y golpes. Según testimonios de la familia, el año pasado comenzaron las amenazas de muerte. El miedo los paralizó, sobre todo porque él presumía que su tío forma parte de la policía de Mezquitic.
El esposo de Liliana fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio, la sentencia en firme podría tardar alrededor dos años. Hasta ahora, ningún funcionario ha rendido cuentas por la simulación de la primera investigación: La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco no ha intervenido en lo absoluto y el órgano interno de control de la Fiscalía tampoco ha ordenado que se abran carpetas de investigación contra el criminalista y el médico forense.
La familia de Liliana exige justicia.
