Por Ana Lucía Hernández
Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos señalan que la reducción de 75% al presupuesto operativo de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas (CEAV) refleja el nulo interés del gobierno federal por dar un trato digno a quienes luchan todos los días por tener acceso a la justicia.
“Estamos sorprendidas, porque en el decreto de austeridad está perfectamente claro que no incluye a las dependencias que trabajan en la protección de derechos humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en eso trabaja. ¿Qué van a hacer con las víctimas?, estamos sorprendidas y preocupadas”, señala Guadalupe Aguilar, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDEJ.
Jéremy Renaux, subdirector de la organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. asegura que “la reducción de 75% hablaría de la destrucción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque no estaría en capacidad de atender a nadie, sería catastrófico”.
La CEAV advirtió el martes que el decreto de medidas de austeridad publicadas el pasado 23 de abril “frenará sus actividades esenciales y paraliza su funcionamiento”. Señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó el recorte sin considerar que la institución “atiende a víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.
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El recorte sí afectará directamente a las víctimas
Jérémy Renaux explica que aunque el recorte no incluye, hasta el momento, al Fondo de Ayuda Asistencial y de Reparación Integral (FAARI), el hecho de recortar la operación de la comisión implica reducir al mínimo la atención que de por sí es burocrática y escasa.
“Por ejemplo, hoy en día cada abogado tiene a su cargo más o menos 460 expedientes, claramente es imposible brindar un defensa eficiente con tanta carga de trabajo. Si se reduce el presupuesto, ese equipo sería aún más pequeño, ¿qué tipo de atención van a dar a las víctimas?”, agrega en entrevista con LatinUs.
Sobre la imposibilidad de pagar la renta de los inmuebles de la CEAV, Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en 2008 en Coahuila, asegura que es indispensable que la comisión tenga oficinas. “En dónde nos van a dar atención sicológica, no es en consultorio externo ni van a tu casa, tú vas a la CEAV. Para atención médica, te tiene que revisar el médico perito para enviarte a los centros de salud. Para el tema de alojamiento, alimentación y traslado para ir a revisar tu expediente tienes que ir físicamente a entregar documentos”.
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Víctimas critican los mensajes contradictorios del Gobierno Federal
Familiares de personas desaparecidas aseguran que ha sido una gran decepción que el presidente López Obrador no cumpla las promesas de campaña ni los compromisos de las reuniones.
“En septiembre del año pasado dijo claramente: para los desaparecidos no hay límite de recurso. Cuando tuvimos nuestra primera reunión en enero de 2019, ahí en Palacio Nacional, nos dijo: no tengan pendiente, los desaparecidos son una prioridad para este gobierno. ¿Qué ha pasado?, ¿qué pasa con las búsquedas?, está detenido todo. Se le olvida lo que promete y lo que está obligados a hacer”, asegura Guadalupe Aguilar de FUNDEJ.
Grace Fernández señala que “hay una preocupación por este doble discurso, tenemos al presidente diciendo que somos un tema prioritario en su administración y por otro lado tenemos a la CEAV diciendo que ya no hay dinero ni para operar las oficinas, tenemos a la Fiscalía de Desaparecidos con un recorte importante, tenemos a la Comisión de Búsqueda con las mismas 43 plazas de hace dos años. ¿Eso es prioritario?, mejor que nos ponga en el mismo nivel de prioridad que el tren maya y la refinería”.
Tras la publicación del comunicado de la CEAV y las declaraciones de su titular, Mara Gómez Pérez, respecto a las graves afectaciones del recorte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, señaló ayer en un tweet que el decreto de austeridad no afectará a los rubros de derechos humanos y que se asegurarán “de que esto se cumpla a cabalidad”.
Respecto al tema del @CEAVmex, el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos. Antier tuve la oportunidad de platicarlo con @M_OlgaSCordero y @A_Encinas_R; nos aseguraremos de que esto se cumpla a cabalidad.
— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 3, 2020
En la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las víctimas no se quedarán sin apoyo y que estas medidas de austeridad “son para poner orden”, pues existen fideicomisos de fondos “que se manejaban de manera discrecional”. Sin embargo, hasta el momento el recorte al presupuesto de operación sigue vigente y la CEAV tendrá que operar con apenas 25% de su gasto corriente.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos esto es resultado de la falta de interés en el tema. “La Ley General de Víctimas establece que por lo menos una vez cada seis meses, el presidente de la República debería de convocar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas y esto no se ha hecho desde 2014 y por eso estamos viendo tanta tanta falta de coordinación y de articulación entre instancias que tienen, incluso, mensajes contradictorios”, asegura Jérémy Reneaux.
CEAV al borde del colapso
De acuerdo con el comunicado que publicó el martes la CEAV, del que le informamos en Latinus, el recorte provocaría, entre otras cosas:
- Reducción de puestos de trabajo de casi 60%, es decir, 230 funcionarios se quedarían sin trabajo.
- Que no se pueda pagar renta, agua, luz ni internet en las oficinas centrales ni en los 32 centros de atención estatal.
- Incumplimiento de 43 contratos por casi 122 millones de pesos, que tendría consecuencias para la institución.
- Que se perdieran los equipos de cómputo y el sistema que aloja los datos personales de 34 mil 215 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
- La desaparición del área de traslados, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 servicios anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda.
“Nos sorprende que en plena crisis humanitaria y sanitaria por Covid-19, tengamos que retirar la importancia de un presupuesto para la Comisión de Atención a Víctimas, nos parece lamentable tener que pelear otra vez el presupuesto, tomando en consideración la situación, la grave crisis que está enfrentando el país en este momento”, concluye Jérémy Reneaux.
Sin dinero para víctimas, pero derroche en renta de vehículos
En LatinUs le presentamos una investigación especial sobre los contratos que dependencias federales han firmado durante la pandemia para la renta de vehículos, incluidas camionetas y autos para el traslado de funcionarios. Del 11 de marzo al 24 de mayo de 2020, comenzó la vigencia de 15 contratos por hasta 639 millones de pesos.
Ese monto es casi cuatro veces las partidas presupuestales de “materiales y suministros” y “servicios generales” de la CEAV, que hasta antes del recorte sumaban 189 millones de pesos. El decreto de austeridad redujo el gasto corriente de la Comisión a 47 millones.
