La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó que el Decreto de Austeridad, que le recortaría un 75% del presupuesto, frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el numeral 38 del Decreto, determinó una reducción del 75% del presupuesto de la CEAV, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.
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Ante esto, la CEAV informó que, comparada con cualquier otra dependencia u órgano gubernamental, esta “resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento”, pues no es propietaria de los inmuebles en los que opera y la mayoría de los servicios son subcontratados.
El recorte del presupuesto provocaría un ajuste en la nómina del personal y que no puedan pagar servicios como renta, agua, luz, telefonía e internet, pagos que, según la CEAV, ascienden a 121.9 millones de pesos en lo que resta del 2020.
Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales, señala, “se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra Sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros”.
También, indican, perderían el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
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Desaparecería el área de traslados, lo que imposibilitaría tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias. Asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrían asistirlos.
La reducción del 30% de asesores jurídicos impediría brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año y no se podría tramitar la entrega de medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas mensuales.
Señala también que las 7 mil 200 víctimas a las que atienden mensualmente no tendrían un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
Además de que no habría suficientes abogados para emitir resoluciones y hacer análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños.
La CEAV señaló además que actualmente enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, “heredados por administraciones anteriores”.
