Un caso de presunta corrupción por el sobreprecio en la compra en España de respiradores para enfermos de Covid-19 derivó en una investigación judicial en Bolivia y la detención del ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, que tuvo que declarar ante la Policía.
El hasta ahora ministro interino de Salud seguía por la noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, Bolivia; otros cuatro funcionarios fueron arrestados.
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Los respiradores para unidades de terapia intensiva llegaron la semana pasada en un vuelo especial desde Barcelona. Estos eran distribuidos por hospitales de Bolivia, hasta que se conoció que su costo puede triplicar el precio real, tras lo que fueron detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud. La presidenta interina del país, Jeanine Áñez, compareció en televisión con un breve pero firme mensaje contra la corrupción.
Los 500 equipos fueron adquiridos en algo más de 27 mil dólares cada uno. En Bolivia ya se encuentran 170.
El caso ya es investigado tanto por la Fiscalía como políticamente en el Parlamento boliviano, donde Navajas había sido citado a comparecer antes de que fuera cesado por Áñez a media jornada.
La presidenta transitoria se comprometió a recuperar los más de 2 millones de dólares ya pagados, de los casi cinco de un contrato para llevar al país unos quinientos respiradores para enfermos críticos de Covid-19.
Jeanine Áñez afirmó en un mensaje en redes sociales haber “ordenado que no se pague un centavo más”, hasta seguir investigando “caiga quien caiga”.
Las detenciones que por ahora han trascendido son las de cuatro funcionarios del Ministerio y una agencia estatal de Salud, uno de ellos responsable del área jurídica. Son investigados por supuesta “adquisición irregular” en espera de “definir su situación procesal”, según la Fiscalía General del Estado.
Las oficinas del área jurídica fueron precintadas, tras secuestrarse documentación, además de investigarse si hubo participación de diplomáticos de Bolivia en España y de pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra con unos cinco millones de dólares, de acuerdo a la Fiscalía.
Evo Morales, quien está en Argentina, pidió en Twitter que se investigue a las autoridades que autorizaron la compra, “no a chivos expiatorios”, y desde su partido se pide responsabilidades al consulado de Bolivia en Barcelona.
Desde que Áñez asumió el poder de forma interina en noviembre pasado hubo otras denuncias de corrupción, con intervención en empresas estatales, entre otros casos, pero este escándalo salta en un momento de descontento en parte del país por la prolongación de la cuarentena por el Covid-19, ampliada a final de mes, y la demora en las elecciones, que estaban fijadas para el 3 de mayo pero se aplazaron sin fecha.
Con información de EFE
