Revisar sentencia de Duarte corresponde al poder judicial: AMLO

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Foto: Gobierno de México

El poder judicial es el responsable de revisar la sentencia dictada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Eso lo tiene que revisar el poder judicial, eso es una decisión del poder judicial y ellos tienen que valorarlo”, dijo el mandatario.

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López Obrador indicó que “es importante informar que el poder judicial tiene una instancia para observar si se aplica bien la ley. Esta instancia del poder judicial es una especie de fiscalía, es el Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando hay una decisión de estas, se puede acudir al Consejo de la Judicatura y pedir la revisión”. 

“No nos corresponde a nosotros, es una de las cosas que hemos hecho, respetar las decisiones tanto del poder legislativo como del poder judicial”, aseguró el presidente.  

El viernes pasado, un tribunal federal de la Ciudad de México ratificó la sentencia de 9 años impuesta desde 2018 contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Además, se revocó el decomiso de 40 inmuebles al ex gobernador, al considerar que esto sólo se debe hacer hasta que exista una causa penal definitiva. Por ello, se pidió que los inmuebles sean devueltos a quienes aparecen registrados como dueños.

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Segob analizará situación de Israel Vallarta

En cuanto al caso de Israel Vallarta, quien lleva 14 años preso sin sentencia, quien además recientemente estuvo hospitalizado por Covid-19, López Obrador dijo que ese caso lo verá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Que ella haga de parte nuestra el trámite con el fiscal, Alejandro Gertz Manero, que seguramente se va a enterar y él va a ayudarnos”, indicó el presidente.

Obrador dijo además que “hay otros casos pendientes de gente adulta que está en las cárceles, que debería de salir de las cárceles. Ya se aprobó la ley de amnistía y no se aplica en todo esto”.

Aseguró que “tiene mucho que ver la lentitud de los trámites”, pues “no se cumple en México el principio de que la justicia se tiene que impartir con prontitud. Se tarda mucho”.

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