El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto a el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) y la American Chamber México, señalaron este domingo que el Acuerdo de Política de Confiabilidad que impuso la Secretaría de Energía (Sener), atenta contra la legalidad, el estado de derecho, la libre competencia, así como el bienestar de los consumidores, y pidió la revocación de la medida.
A través de un comunicado, los representantes del sector privado, señalaron que este acuerdo es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano y acusó a la secretaría de usurpar facultades “para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”.
Señalaron que esta política violenta el Estado de Derecho y atenta contra la legalidad, la certeza jurídica y la libre competencia económica del sector energético del país.
También lee: Nuevas reglas en sector energético profundizan tensión entre México y aliados
“No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”, se lee en el documento.
Además, hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el Acuerdo, así como “a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad”.
Este sábado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) rechazaron la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Sener y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de emitir un acuerdo que impediría, en la práctica, la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías limpias.
En sendos comunicados, las confederaciones señalaron que la Sener pidió la exención del Análisis de Impacto Regulatorio para no realizar una consulta pública y así publicar dicho acuerdo de manera inmediata en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes, acto que señalaron “viola el Estado de Derecho”.
