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El estado de California demandó a las empresas de transporte Uber y Lyft por registrar a sus empleados como contratistas independientes, privándolos de protección y beneficios como seguros de desempleo y salarios mínimos, en especial durante la pandemia de Covid.
La demanda fue presentada por el abogado del estado de California, Xavier Becerra, y otros abogados de las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Buscan la restitución de los salarios no pagados que las empresas le deben a los conductores. Además, solicita al tribunal obligar a las compañías a registrar inmediatamente a sus conductores como empleados.
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La demanda presentada en el Tribunal Superior de San Francisco alega que al registrar y clasificar a los conductores como contratistas independientes, las compañías no pagan impuestos de nómina estatales ni locales. Estos impuestos son necesarios para financiar programas de bienestar.
Lyft dijo en un comunicado que está ansioso por trabajar con la fiscalía de California y los alcaldes de todo el estado. Esto, “con el fin de brindar todos los beneficios de la economía de innovación de California a la mayor cantidad de trabajadores posible”. “Especialmente durante este tiempo cuando los empleos con servicios de salud y beneficios son más importantes que nunca”, recalcó la empresa.
Uber, haciendo alusión a las cifras de desempleo que se elevaron por la crisis del Covid-19, indicó que luchará contra la demanda. “Necesitamos facilitarles a las personas poder ganar dinero pronto. Vamos a responder a esta demanda en la corte. Al mismo tiempo, presionaremos para elevar los estándares del trabajo independiente para los conductores en California”, señaló.
Un vocero de la empresa advirtió que Uber “incluirá la garantía de un salario mínimo y nuevos beneficios”.
No es la primera vez que estas empresas se enfrentan a demandas de este tipo. En febrero, más de 2 mil conductores de transporte en California presentaron reclamos contra las compañías, alegando que Uber y Lyft les debían más de 630 millones en gastos, salarios no pagados y daños por haberlos clasificado erróneamente como contratistas independientes.
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