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Esta pregunta ronda la discusión en Estados Unidos desde que se inició la pandemia y con más intensidad a partir de que 16 estados pospusieron sus elecciones primarias.
Modificar la fecha de la elección requiere mucho más que la voluntad del presidente. Son el Congreso y las legislaturas estatales los facultados para hacerlo.
Para el caso de la elección de congresistas y senadores, tanto los estados como el Congreso pueden regular los mecanismos de votación y la fecha pero en caso de disenso, el Congreso tiene la última palabra.
El caso de la elección presidencial es un poco más complejo pues la Constitución les da a los estados la facultad de definir todos los detalles. Esto no impide que el Congreso emita leyes que regulen la fecha, pero, en caso de haber disenso, la última palabra la tendrían los estados.
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Existen tres leyes a nivel federal que establecen que las elecciones presidenciales, de senadores y de congresistas se llevarán a cabo el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Si Trump quisiera cambiarla tendría que conseguir que una reforma fuera aprobada por ambas cámaras, incluyendo la de Representantes, que tiene mayoría demócrata. O bien, que cada una de las legislaturas estatales modificara su fecha de elección.
Independientemente de cuándo se realice la elección, la Constitución deja muy claro que “los periodos de Presidente y Vicepresidente terminarán al mediodía del 20 de enero” por lo que para ese momento tendría que haberse elegido ya al sucesor.
En el caso de que algunos estados hubieran decidido no realizar elecciones presidenciales o posponerlas por un periodo que trascienda el inicio del nuevo periodo, perderían la posibilidad de participar en la elección y se elegiría al nuevo presidente contando solo los votos en el Colegio Electoral de los estados que sí tuvieron elección.
Si se llegara a la situación en la que ningún estado celebrara elecciones, la Presidencia recaería temporalmente en el “Speaker” de la Cámara de Representantes, en este caso, la representante Nancy Pelosi. Suponiendo que también se hubieran pospuesto las elecciones de la Cámara Baja, no habría representantes pues su periodo culmina el 3 de enero. En ese escenario, correspondería al partido de mayoría en el Senado el nombramiento del presidente.
Si los Republicanos tuvieran todavía mayoría, este nombramiento recaería por tradición en el miembro de mayor antigüedad; en este caso, el senador Chuck Grassley de Iowa. Pero si los republicanos perdieran la mayoría o si tampoco se celebraran elecciones al Senado por lo cual hubiera asientos vacíos, la decisión recaería entonces en los demócratas y le correspondería al senador Patrick Leahy, de Vermont.
Las posibilidades reales de que se modifique la fecha de la elección son muy lejanas. En el Congreso, ambos partidos tendrían que estar de acuerdo y hoy es inviable que los demócratas acepten postergarla. Las legislaturas estatales no tienen incentivos para posponer y correr el riesgo de quedar al margen la elección.
Si la crisis sanitaria persiste, sostener elecciones tradicionales puede afectar los índices de participación. Una encuesta publicada por el Pew Research Center revela que 66% de la población se sentiría “incómoda” de ir a un centro de votación por la pandemia.
Liderazgos del ala republicana consideran que un nivel bajo de votación favorecería a su partido. De su lado han salido históricamente las medidas para restringir el voto de exconvictos y personas en procesos criminales, aumentar el costo y la complejidad de los de trámites de registro, impedir instalación de casillas en universidades y exigir el uso de identificaciones con fotografía. Los demócratas han impulsado medidas tendientes a facilitar el registro de votantes latinos y afroamericanos, así como aprobar mecanismos alternativos de votación para las personas que no pueden ir a las casillas.
Este año, dentro de los estímulos aprobados para reactivar la economía, los demócratas introdujeron un paquete de 400 millones de dólares para los estados que enfrentaran afectaciones en el proceso electoral derivadas de la pandemia pero no lograron aprobar una ley que facilitara el registro de votantes por una emergencia.
Un estudio del Pew Research Center de 2014 muestra que los ciudadanos que deciden no votar o ni siquiera registrarse son, en términos generales, más jóvenes, tienen menores ingresos y un origen racial y étnico más diverso que aquellos ciudadanos que sí votan. Estos grupos suelen inclinarse por el Partido Demócrata. El estudio también muestra que dentro de los no-votantes que se sienten identificados con un partido, 51% dice estar afiliado o inclinarse hacia el Partido Demócrata mientras que solo el 30% se identifica con el Partido Republicano.
El Congreso y los estados deben empezar a evaluar opciones para llevar a cabo las elecciones si la pandemia continúa. A diferencia de otros países, Estados Unidos tiene la ventaja de que ya existen actualmente mecanismos alternativos de votación probados.
El primero de ellos es el voto temprano. 41 estados permiten la votación durante las semanas previas a la jornada electoral. Si se colocaran suficientes centros de votación para que la gente pudiera emitir su voto temprano, esta medida podría ayudar a reducir el riesgo de contagio pues disminuiría el número de personas que se congregan en la casilla en un determinado momento. Sin embargo, no es una alternativa óptima pues de cualquier forma se le pediría a la gente asistir físicamente a un espacio en donde podría diseminarse el virus.
El segundo es el voto por correo. Este mecanismo le permite a las personas recibir una boleta en su casa. El elector la marca, la firma y la devuelve a través del correo postal. En 5 estados-Colorado, Hawái, Washington, Oregon y Utah- existe voto universal por correo, es decir, que todos los electores reciben una boleta en su casa.
En 28 estados y en la capital del país el mecanismo principal es la votación presencial en casillas pero cualquier ciudadano pueden solicitar una boleta de ausencia (absentee ballot) que funciona igual que el voto por correo. En los 16 estados restantes únicamente se permite el la boleta de ausencia para las personas que no pueden asistir a votar por algún impedimento físico, porque se encuentran fuera del país o porque la naturaleza de su trabajo les impide ir a votar.
Y aunque pareciera que lo único que se requiere para ampliar la boleta de ausencia a toda la población es una reforma legal, la realidad es que se necesita una estructura logística completamente nueva para operar bajo este modelo. No es lo mismo usar los equipos electrónicos que ya se tienen en las casillas para registrar votos en una pantalla que contratar a cientos de empleados para contar boletas manualmente o comprar nuevos equipos de conteo que funcionen con votos marcados en papel. Estimados del Partido Demócrata señalan que el proceso para convertir la elección completa a un modelo por correo podría costar hasta 4 billones de dólares y su implementación podría requerir varios meses de trabajo.
Falta poco más de medio año para la elección presidencial y, aunque se ve como un momento lejano en el que todos esperarían que la vida hubiera vuelto a la normalidad, las autoridades deben prepararse para el peor escenario. “¿Cree que sea seguro en noviembre para los electores ir a las casillas?- Le preguntó el periodista Jake Tapper en CNN al doctor Fauci, el líder epidemiólogo del país. “Espero…”, respondió Fauci, “No puedo garantizarlo.”
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