Jackeline Reyes y su hija de 15 años son migrantes y salieron de Honduras con la idea de pedir asilo en Estados Unidos. Ahora sólo piensan en regresar, pero las decisiones de tres países en medio de la pandemia las mantiene encerradas en una habitación a casi mil kilómetros del resto de su familia.
Apenas cruzaron el río Bravo, y la patrulla fronteriza las devolvió a una de las regiones más peligrosas de la frontera. México las abandonó mil 700 kilómetros más al sur, en el límite con Guatemala, donde agentes migratorios les aconsejaron cruzar “por el monte” porque la frontera estaba cerrada. Pero militares guatemaltecos les bloquearon el paso en la montaña y las devolvieron a México.
“Estoy desesperada”, dijo la mujer vía telefónica a la agencia de noticias The Associated Press desde un albergue en el sur mexicano en el que está en cuarentena. Reyes no deja de pensar en su familia, que tuvo que cambiar de ciudad en su natal Honduras cuando asesinaron a su hermano mientras ella ya estaba rumbo al norte.
Estados Unidos ha utilizado la crisis sanitaria para justificar agresivas medidas de contención fronteriza que echan por tierra leyes nacionales e internacionales vigentes durante décadas.
Desde el 20 de marzo y durante 30 días, se ha restringido la movilidad en los cruces fronterizos. Washington devuelve de forma inmediata a quien cruce la frontera sur del país ilegalmente aunque huya de la violencia y quiera pedir asilo. El argumento oficial es que cualquiera puede propagar el coronavirus, aunque la epidemia está más extendida en ese país que en sus vecinos del sur.
México, una vez más, ha dado su apoyo a Estados Unidos al aceptar no sólo a mexicanos, que ahora pueden ser devueltos a cualquier hora del día o la noche, sino a migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras a quienes mueve en autobuses para, en muchos casos, expulsarlos de forma brusca por el sur.
Las excepciones, explicó el cónsul mexicano en San Diego, Carlos González, son los menores migrantes no acompañados y las personas vulnerables.
Ninguno de los dos países ha dado mucha información sobre el alcance de las medidas pactadas. Ni la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ni el Instituto Nacional de Migración de México (INM) aclararon las consultas realizadas por AP.
“Es la peor coyuntura migratoria de la región en muchos años, la más excluyente, la más discriminatoria y con violación de los derechos humanos desde Estados Unidos hasta Honduras”, dijo Tonatiuh Guillén, ex comisionado del INM. El objetivo, añadió, es “migración cero y refugio cero”.
La administración de Donald Trump ha hecho “lo que siempre quiso hacer”, coincidió Aaron Reichlin-Melnick, asesor del Consejo de Inmigración Americano. “No veo que esto vaya a suavizarse”, advirtió.
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En la misma línea, 10 senadores demócratas enviaron esta semana una carta al Departamento de Seguridad Nacional en la que subrayaron que la crisis sanitaria no da a Tump “carta blanca para violar derechos constitucionales ni operar al margen de la ley”.
Según un asesor legislativo que pidió el anonimato, en menos de dos semanas 7 mil migrantes han sido expulsados por EU, algunos directamente a sus países y otros a México. El asesor indicó que también están devolviendo a menores que viajaban con familiares no directos aunque antes estos menores eran objeto de asilo de forma inmediata.
Reyes y su hija fueron expulsadas a fines de marzo, justo después de que la hondureña de 35 años escuchó hablar por primera vez del COVID-19 de boca de un miembro de la Patrulla Fronteriza.
CBP les tomó fotos y huellas y “de ahí nos tiraron a migración de Reynosa”. Los agentes estadounidenses no le hicieron ninguna pregunta sobre su salud. Los mexicanos le preguntaron si se sentían mal o tenían temperatura.
