El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, presentó este martes la propuesta del organismo para crear un plan de reactivación económica de México ante la crisis generada por el COVID-19.
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Salazar Lomelín explicó que, cuando el sector le propuso un plan de reactivación económica al presidente de México, “en ningún momento se pidió reducción de impuestos o derogación de responsabilidades”.
“Si se pone en marcha este plan de inmediato, y se le da seguimiento de manera eficaz y coordinada, se podrá transitar con éxito por la crisis que representa la pandemia. Así, se podrá llegar a la segunda mitad del gobierno con una perspectiva de crecimiento positiva y optimista”, aseguró Salazar Lomelín.
El plan contempla diseñar un programa para los próximos 90 días que sea suscrito entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social, con medidas diferenciadas por mes y circunstancias para asegurar el empleo informal y formal. Con él, apuntan, se evitará que la crisis de liquidez se vuelva una de solvencia.
“Este es un problema de liquidez y subrayo, no es un problema de solvencia. Desde las pequeñas hasta las grandes empresas trabajaban el mes de febrero sin problemas, cubrían sus responsabilidades fiscales, pero de un día a otro se dejó de operar, no por falta de capacidad ni de activos, sino por una situación fuera de control”, apuntó.
El plan contempla 90 días y comienza con:
- Un programa de Infraestructura con fondos públicos y privados. La propuesta de la IP al respecto sugería que se le asignará a cada uno de los 32 estados del país un gran proyecto de infraestructura.
- Anuncio inmediato de proyectos de inversión privada en infraestructuras energética.
- Preparar programa de exportaciones a EU sustituyendo importaciones chinas a ese país
- Depreciación acelerada para premiar nuevas inversiones
Además señaló que es fundamental asegurar que las MiPyMEs cuenten con liquidez suficiente para transitar la crisis, por lo que entre las propuestas en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura incluye:
- Adopción de MiPymes, es decir, que privados con la capacidad de apoyar a negocios más pequeños lo hagan con apoyos salariales o recursos.
- Compras adelantadas, es decir, realizar pedidos que se entreguen una vez terminada la crisis por el coronavirus.
- Evitar penalizaciones contractuales entre particulares.
- Organizar una estructura para que empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores mediante pago a no más de 40 días, independientemente del contrato o acuerdo existente.
- Factoraje: generar una plataforma ágil pata apoyar a las MiPyMEs, con apoyo de instituciones financieras.
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