Antes de que se declare el inicio de la Fase 3 de emergencia por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que establece “acciones extraordinarias” para combatir la enfermedad.
Establece que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Salud, podrá utilizar todos los recursos médicos de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas por la epidemia y zonas cercanas.
Exenta de cualquier licitación pública la compra de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos.
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En sus argumentos, reconoce que el país está en situación de emergencia y que, aun cuando se han llevado diversas acciones preventivas para la mitigación y el control del COVID-19, es necesario iniciar acciones adicionales extraordinarias para salvaguardar la integridad y la salud de los mexicanos.
La Secretaría de Salud también podrá implementar medidas contra la especulación de precios y el acopio de equipos médicos esenciales. Las compras podrán hacerse en el país o en el extranjero sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno.
En 2009, durante la epidemia por la influenza AH1N1, el entonces presidente Felipe Calderón firmó un decreto en los mismos términos de medidas extraordinarias.
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