La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) propuso una nueva regla sobre las tarifas relacionadas con la presentación de apelaciones de deportación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Los nuevos precios se aplicarían en los trámites de suspensión de deportación y las mociones para reabrir o reconsiderar ante los tribunales de inmigración o la BIA.
Para el incremento en los costos, la dependencia argumento que las tarifas anteriores se habían mantenido durante 30 años.
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Los migrantes pueden solicitar la suspensión de la deportación si fueron admitidos como residentes permanentes en la Unión Americana o si han sido víctimas de crueldad extrema dentro del país.
Para iniciar este proceso es necesario presentar el formulario EOIR-40 y pagar por la tarifa de presentación, según el Departamento de Justicia. Sin embargo, el pago no garantiza que los solicitantes no sean deportados.
La regla propone los siguientes aumentos de estas tarifas:
- Notificación de apelación de una decisión de un juez de inmigración: pasará de $110 a $975 dólares.
- Notificación de apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración de la decisión de un oficial del DHS: de $110 a $705 dólares.
- Solicitud de cancelación de expulsión para ciertos residentes permanentes: de $100 a $305 dólares.
- Solicitud de cancelación de remoción y ajuste de estatus para ciertos residentes no permanentes: de $100 a $360 dólares.
- Notificación de apelación de la decisión de un funcionario juzgador en un caso disciplinario profesional: de $110 a $675 dólares.
- Solicitud de Suspensión de Deportación: de $100 a $305 dólares.
- Aumento a la tarifa por presentar una moción para reabrir o reconsiderar ante el tribunal de inmigración: de $110 a $145 dólares.
- Aumento a la tarifa por presentar una moción para reabrir o reconsiderar con la BIA: de $110 a $895 dólares.
La EOIR es la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos encargada de “juzgar los casos de inmigración de manera justa”, conforme a las leyes de inmigración de la nación. Entre estos casos se encuentran los procesos de extranjeros que podrían ser deportados a su país de origen.
La regla propuesta no afectaría a los jueces de inmigración ni a la autoridad discrecional de la BIA para renunciar a una tarifa al demostrar que la parte que presenta la declaración no puede pagar.
