El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y siete de sus funcionarios son investigados por la Fiscalía de ese país por posibles violaciones al uso de datos personales de la población.
En una acción nunca vista contra un mandatario en funciones y como parte de la investigación, miembros del Ministerio Público allanaron la Casa Presidencial.
La Fiscalía informó en un comunicado que el presidente Alvarado, el ministro de la Presidencia Víctor Morales y cinco funcionarios más son investigados por los presuntos delitos de violación de datos personales y abuso de autoridad.
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, aseguró que el presidente Alvarado no se encontraba dentro de la Casa Presidencial e indicó que el gobierno tiene las “puertas abiertas” para colaborar con la indagatoria judicial.
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¿Unidad Presidencial de Análisis de Datos?
La investigación se inició por diversas quejas de sectores políticos y ciudadanos por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. La población la calificó como una manera de tener acceso irregular a información personal.
El 19 de febrero el gobierno hizo un decreto para la creación de la unidad, e incluyó medidas en las que se autoriza a esa dependencia solicitar datos “confidenciales” que están en manos de las instituciones públicas.
El gobierno reconoció que esa unidad de datos operaba desde hace año y medio. Esto provocó más enojo y la creación de una comisión legislativa para investigar sus acciones, al igual que varias demandas legales hechas por ciudadanos.
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Dos días después del decreto, el gobierno lo derogó por las protesta que generó. El ministro de la Presidencia reconoció que la redacción “no era la más feliz”.
“Para gobernar en el siglo XXI necesita certezas, eso busca y procura el gobierno de la República”, dijo Alvarado cuando derogó el decreto.
La investigación preliminar detalla que de 2018 a 2019, tres personas fungían como asesores de datos de la Presidencia y conformaron una unidad para analizar información y generar políticas públicas, pero sin ningún respaldo legal.
“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”, señaló el Ministerio Público.
