Foto: EFE
El asesinato de tres estudiantes de medicina y de un conductor de Uber en el estado de Puebla ha causado indignación y desatado una serie de protestas y movilizaciones de alumnos que exigen justicia a las autoridades y que se garantice la seguridad de los estudiantes.
El domingo 23 de febrero cuatro jóvenes (una mujer y tres hombres) fueron asesinados y sus cuerpos fueron encontrados un día después en un camino de terracería en Santa Ana Xalmimilulco, Puebla.
Dos de los asesinados eran estudiantes de medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP): José Antonio Parada, de 22, y Ximena Quijano, de 25. Ambos eran de origen colombiano y vivían en Puebla como parte de un intercambio estudiantil de la universidad Unisánitas de Colombia.
El tercer estudiante de medicina, Francisco Javier Tirado, de 22 años, era originario de Veracruz y realizaba su servicio social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
La cuarta víctima era José Manuel Vital, el conductor del vehículo que les prestaba a los jóvenes servicio de transporte Uber.
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De acuerdo con la investigación, los jóvenes habían acudido al Carnaval de Huejotzingo, y para regresar a sus casas, tomaron un taxi por aplicación cerca de las 22:15 horas. Un día después, campesinos de Santa Ana Xalmimilulco vieron los cuerpos de cuatro personas sobre el camino de terracería.
Tras dar aviso a las autoridades, personal de seguridad acudieron a la zona y reportaron que las víctimas eran tres hombres y una mujer, quienes presentaban diversas heridas de arma de fuego.
La Fiscalía General de Justicia de Puebla informó que detuvieron a tres posibles responsables que se encontraban en un vehículo cercano al lugar en donde se hallaron los cuerpos. Hasta ayer, personal ministerial, policial y pericial todavía recaba pruebas en el lugar de los hechos.
También informó que el chofer José Manuel Vital llegó por los jóvenes en un vehículo GM Beat, placas TPP146A, pero en el camino habrían sido interceptados por los tres detenidos.
Este martes, la fiscalía estatal explicó en un comunicado que en el lugar localizaron cartuchos de diversos calibres, celulares, chalecos antibalas, placas balísticas para chalecos, drogas, y objetos que presuntamente pertenecían a las víctimas, como papelería y material médico.
Además, afirmó que se halló el vehículo utilizado por el conductor de Uber y otros automóviles con previo reporte de robo.
En conferencia de prensa, Gilberto Higuera, encargado de despacho de la fiscalía, detalló que durante el carnaval, una de las detenidas por el caso, quitó a una de las víctimas un sombrero, hallado en uno de los tres inmuebles resguardados.
Reveló que la víctima en cuestión tenía más impactos de bala que las otras dos víctimas, por lo que no descartan esa disputa como una línea de investigación.
Un día antes, el secretario de gobernación de Puebla, David Méndez Márquez, señaló que las investigaciones determinaron de manera preliminar que los autores del crimen podrían ser parte de una banda de robo de autos. “Todo podría indicar que se trató de un móvil de robo de vehículo de algún tipo de banda que ya actuaba en esa zona“, informó en entrevista televisiva.
La UPAEP solicitó justicia y manifestó su indignación por la muerte de sus estudiantes, Ximena y José Antonio. La UAP exigió justicia a las autoridades y pidió el esclarecimiento del asesinato de Francisco Javier.
Ayer, alumnos de la BUAP montaron ayer un altar en el acceso principal de la universidad y cerraron las instalaciones.
Los manifestantes exigieron justicia para los asesinados y seguridad para los jóvenes del estado. Además se realizó una protesta en el centro de la ciudad de Puebla. En principio, se estimaba que asistirían alrededor de 1,000 estudiantes, pero hasta el momento se calculan alrededor de 4,000.
En redes sociales el movimiento #NiUnaBataMenos se volvió tendencia y miles de usuarios exigieron al gobierno garantizar la seguridad de los estudiantes y de la población en general.
Este miércoles, estudiantes de medicina de la BUAP se unieron a un paro para exigir justicia por el caso de los jóvenes.
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La Cancillería de Colombia, a través de su consulado en la Ciudad de México, informó que los dos estudiantes colombianos estaban realizando su internado de pregrado en el Hospital General de Cholula, Puebla.
En un comunicado, aseguró que desde el día que se dio a conocer la muerte de ambos jóvenes, “se procedió a brindar la debida asistencia a sus familiares y orientación sobre los trámites necesarios”.
El cónsul general de Colombia en México, Luis Oswaldo Parada Prieto, habló con los familiares de las víctimas y pidió la colaboración del Instituto Nacional de Migración de México para que los padres de ambos, que llegaron el lunes por la noche a territorio mexicano, pudieran entrar sin inconveniente.
Informó que ya trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Puebla para la repatriación de los cuerpos de los jóvenes colombianos. Además, pidió a las autoridades mexicanas llevar la investigación conforme a derecho e informar sobre sus avances y resultados.
La familia de Jose Antonio Parada, una de las víctimas de origen colombiano, aseguraron a el diario El Tiempo que el joven era “la adoración y la alegría de su familia, extrovertido y cariñoso”. Detallaron que solo llevaba ocho o nueve meses en ese país y nunca había tenido ningún inconveniente hasta el fin de semana pasado cuando decidió ir con sus amigos al carnaval de Huejotzingo.
Sobre el posible móvil de robo, Angélica Cerpa Bernal, madre del joven, opinó que “si hubiera sido un robo no habrían encontrado su iPhone 11”.
“Vinieron a estudiar medicina y nos los entregan muertos”, dijo el padre de la joven colombiana asesinada al llegar a Puebla.
A través de un comunicado la Fundación Universitaria Sanitas, de la cual formaban parte los dos estudiantes, decretó luto institucional por tres días por su asesinato. “Con profundo dolor” la Fundación comunicó que en el primer día de luto se ofreció una misa en memoria a Ximena y José Antonio.
Ayer por la mañana, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa extendió sus condolencias al pueblo, a los gobiernos de Colombia y Veracruz, a las comunidades universitarias a las que pertenecían los tres estudiantes asesinados y a los familiares y amigos del conductor de Uber.
Barbosa prometió que el hecho no quedará impune. En cuanto a los culpables, aseguró que “pronto los veremos rindiendo cuentas a la ley y pronto recibirían todo el peso de la misma”.
Las dos universidades a las que asistían los alumnos emitieron comunicados para expresar sus condolencias y exigir a las autoridades que se hagan justicia.
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