A partir de este lunes entra en vigor la norma de carga pública impulsada por el gobierno de Donald Trump para disminuir la inmigración en Estados Unidos.
La nueva regla impedirá que los migrantes beneficiados por los programas públicos puedan obtener la residencia estadounidense, la extensión de estadía o visas de inmigrante.
Todas las personas que aspiren a alguno de estos estatus de estancia deberán demostrar que cuentan con los recursos suficientes para sostenerse. Si un agente migratorio considera que el solicitante tiene posibilidades de recurrir a algún beneficio de gobierno, podrá rechazarlo.
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Desde este 24 de febrero, los extranjeros que reciban apoyos como Medicaid, cupones de comida, un subsidio de vivienda o dinero tendrán menos posibilidades de legalizar su estatus, bajo la norma de carga pública.
Estos factores se unirán a otras condiciones que antes se consideraban como los recursos económicos y el estatus migratorio de la familia.
La norma de carga pública del gobierno de Donald Trump se aplica para todos los estados de la Unión Americana. Serán los agentes de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) quienes aceptarán o rechazarán las peticiones, según cada caso.
Es válida para todas las solicitudes presentadas a partir del 24 de febrero de 2020, ya sea por vía electrónica o por correo tradicional.
Los USCIS aseguran que no considerarán los beneficios obtenidos antes del 24 de febrero.
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