A partir de este lunes entra en vigor la norma de carga pública impulsada por el gobierno de Donald Trump para disminuir la inmigración en Estados Unidos.
La nueva regla impedirá que los migrantes beneficiados por los programas públicos puedan obtener la residencia estadounidense, la extensión de estadía o visas de inmigrante.
Todas las personas que aspiren a alguno de estos estatus de estancia deberán demostrar que cuentan con los recursos suficientes para sostenerse. Si un agente migratorio considera que el solicitante tiene posibilidades de recurrir a algún beneficio de gobierno, podrá rechazarlo.
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Desde este 24 de febrero, los extranjeros que reciban apoyos como Medicaid, cupones de comida, un subsidio de vivienda o dinero tendrán menos posibilidades de legalizar su estatus, bajo la norma de carga pública.
¿Para quién no aplica la nueva “carga pública” de Trump?
- Ciudadanos estadounidenses.
- Extranjeros con residencia permanente (Green Card). La norma de carga pública se podría aplicar para las personas que planean salir de Estados Unidos por un periodo mayor a 180 días.
- Solicitantes o titulares de visa de refugiado, asilo, U, T y otros programas especiales.
- Víctimas de abuso doméstico.
¿Qué considera la nueva norma?
- Edad: Los adultos mayores y otras personas que pronto podrían solicitar un beneficio de gobierno tendrán menos posibilidades de obtener una visa de inmigrante, la residencia permanente o la ciudadanía.
- Nivel de estudio: Tendrán menos probabilidades los extranjeros sin estudios universitarios, que podrían no obtener empleos con altos sueldos.
- Estado de salud: Las personas con enfermedades crónicas que podrían solicitar un beneficio médico del gobierno.
Estos factores se unirán a otras condiciones que antes se consideraban como los recursos económicos y el estatus migratorio de la familia.
La norma de carga pública del gobierno de Donald Trump se aplica para todos los estados de la Unión Americana. Serán los agentes de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) quienes aceptarán o rechazarán las peticiones, según cada caso.
Es válida para todas las solicitudes presentadas a partir del 24 de febrero de 2020, ya sea por vía electrónica o por correo tradicional.
Los USCIS aseguran que no considerarán los beneficios obtenidos antes del 24 de febrero.
