- Los borradores de esta reforma se revelaron en enero pasado
El gobierno mexicano presentará próximamente algunos cambios a la reforma judicial anunciada en enero pasado. Estas modificaciones generaron controversia entre defensores de derechos humanos y miembros del gabinete por limitar los derechos humanos.
Según una fuente anónima del gobierno, contactada por Reuters, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá este proyecto en los próximos días. El tema principal es el incremento en la sentencia para el tráfico de influencias.
Al inicio, esta reforma generó controversia porque, de aprobarse, permitiría intervenir las comunicaciones privadas y usarlas como pruebas en los juicios.
Además, buscaría ampliar el arraigo a todos los delitos, validar pruebas obtenidas de manera ilícita y autorizar la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter electoral y fiscal. Actualmente, estos actos están prohibidos por la Constitución Mexicana.
Una fuente anónima contactada por Reuters explicó que la reforma presentada próximamente “no es muy profunda” con respecto a los borradores revelados en enero.
Según la fuente, la reforma tendrá “lo estrictamente necesario para darle viabilidad a las reformas que ya fueron aprobadas”. Un ejemplo es la modificación al artículo 19 de la Constitución, que trata sobre la prisión preventiva oficiosa.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) negó la autoría de los borradores. Sin embargo, este organismo comunicó en enero pasado que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, presentará ante el Senado este y otros proyectos de reforma durante este mes.
¿Por qué surgió esta reforma judicial?
El gobierno mexicano actual planteó este proyecto judicial como respuesta al “fracaso” del nuevo sistema de justicia penal, vigente desde 2016. Según sus datos, se resuelven menos del 2% de los casos de homicidio y muchas confesiones se logran bajo tortura o presión de las autoridades.
En enero pasado se difundieron los borradores de esta reforma con los cambios ya mencionados. Sin embargo, funcionarios del Poder Judicial y miembros del gabinete están en desacuerdo con ella porque limita los derechos humanos y las garantías individuales.
Con información de Reuters.
