Por Jorge Monroy
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de violencia política contra la mujer en razón de género, contra Xóchitl Gálvez Ruiz, por su afirmación en una conferencia matutina, de que obtuvo la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD por decisión de un grupo de personas con poder político.
Este juicio se originó a partir de una denuncia que presentó la propia Xóchitl Gálvez el 11 de julio del 2023 en la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE. El asunto llegó ante la Sala Especializada por las expresiones de López Obrador en 11 conferencias matutinas de julio y agosto del 2023.
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En sesión pública este jueves, por mayoría de dos votos y uno en contra del magistrado Rubén Lara Patrón, la Sala Especializada determinó la responsabilidad del primer mandatario sobre sus expresiones en las que afirmó que Gálvez Ruiz obtuvo la candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político, que la designaron para utilizar su imagen de una mujer de pueblo, y que con ello pretendía causar simpatía en el electorado.
La sentencia determinó que las expresiones configuran violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de Xóchitl Gálvez a sus derechos políticos, con base en su carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos.
En el caso del presidente, no se dictaron sanciones por su régimen especial ni tampoco medidas de reparación como su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Lo anterior, ya que el presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se le responsabiliza, de acuerdo con criterios establecidos por la Sala Superior del TEPJF.
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Sin embargo, la Sala Especializada determinó responsabilidad indirecta del coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, así como de Martha Ramírez González, directora general de Comunicación Digital y Daniel Ramírez Pérez, Jefe de Departamento.
Además de Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), y Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital de la Presidencia, pues estuvieron a cargo de la difusión del contenido infractor.
En su caso, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine lo que en derecho corresponda y se determinó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género durante un año y medio.
