Por Héctor Gordoa
Más de 4 mil 500 personas que fueron desplazadas del municipio de Tila en Chipas luego de la jornada violenta que durante días perpetró el grupo denominado Los Autónomos, encabezado por José del Carmen Jiménez Pérez, alias “El Quemado”, no quieren regresar a sus hogares por miedo a represalias.
El pasado viernes un fuerte operativo de la Guardia Nacional escudó la salida de los pobladores, familias completas con niños, ancianos, enfermos abandonaron su hogar y sus tierras.
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Este martes, personal de Protección Civil del estado anunció que a partir de este miércoles 12 de junio comenzaría el regreso a Tila y garantizó que los apoyarán para llegar con bien.
“Realizar los trabajos para que ustedes retornen el día de mañana: se les va a poner vehículos oficiales para que empecemos la vuelta a la normalidad, esta información que les estoy dando es una instrucción que viene de mandos muy altos, para que nos vayamos preparando”, informó un elemento de Protección Civil del estado.
Tras el anuncio, los desplazados se negaron a regresar a sus viviendas y es que aseguran que los responsables de las agresiones permanecen libres con la complacencia de las autoridades.
“Nos dicen que tenemos que regresar, ¿por qué vamos a regresar?”, gritó una señora en una asamblea de los desplazados de Tila.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron que la mesa de negociaciones represente a los habitantes de Tila y aseguran que el gobierno del mandatario chiapaneco, Rutilio Escandón, está negociando con grupo delincuencial que mantiene aterrados a los habitantes.
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“Anuncian un retorno sin condiciones. Nosotros señalamos que no puede haber un retorno cuando sólo se sientan con un grupo perpetrador, que no toman en cuenta las personas desplazadas al grupo de ejidatarios legales que no están con ninguno de estos grupos de la delincuencia organizada“, acusó Luis Abarca, director del comité de derechos humanos Digna Ochoa.
Lamentó que no haya una “aplicación de la ley de un desarme de estos grupos, que hay órdenes de aprehensión, que se minimiza la situación grave, atroz que se vivió”.
“No se habla de las violaciones masivas de mujeres y niñas y de la cantidad exacta de muertos que, por lo que van saliendo de los testimonios, son muchos con familias masacradas”, agregó Luis Abarca.
El activista exigió que para que haya un retorno seguro se tiene que firmar un compromiso público con los pobladores entre el gobernador del estado y las autoridades de seguridad para garantizar la vida de todos los desplazados.
“Es exigir una mesa previa donde el gobernador públicamente y que se comprometa a firmar, asuma compromisos, que se va a garantizar la seguridad de la población, que va a haber una base permanente del Ejército en Tila en no solamente en el poblado sino en los anexos, que se garantice que se aplicará la ley y se ejecuten las órdenes de aprehensión contra los sujetos que tienen plenamente identificados el gobierno”, reclamó.
Además, se le exige a las autoridades la reparación del daño de las víctimas.
“El retorno tiene que pasar por reparación del daño previamente, el gobierno tiene que reconocerlos como víctimas de desplazamiento forzado y reparar el daño de todas las personas que perdieron todo porque sus casas fueron quemadas, se tienen que comprometer una mesa especial de violencia de género para sancionar también todos los delitos de violaciones que hubo a niñas y mujeres, o sea serían las condiciones mínimas creemos para que pudiera haber un escenario de que la población pueda retornar en condiciones de seguridad que tranquilidad”, concluyó Luis Abarca.
