EFE.- El gobierno de Ecuador contrademandó este lunes a México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya al considerar que el Estado mexicano, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.
La contrademanda de Ecuador responde a una demanda inicial presentada por México ante La Haya en la que acusó al país andino de haber transgredido el carácter inviolable de las sedes diplomáticas al invadir su embajada en Quito el 5 de abril para detener a Glas, sobre quien pesaba una orden de captura y prisión preventiva.
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En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador explicó que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia de López Obrador en asuntos internos, cuando en los días previos el presidente de México relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa sobre la candidata Luisa González.
La demanda de Ecuador solicita a la Corte Internacional que se declare que México “incumplió sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.
Para el gobierno ecuatoriano, México también “ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales competentes”, como figura en las convenciones de asilo diplomático y asilo político de 1954 y 1933, respectivamente.
Glas tenía una orden de prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
Asimismo, el exvicepresidente tenía pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, después de que en 2022 saliese de prisión gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.
La sentencia por cohecho se enmarca dentro del caso Sobornos, sobre la financiación irregular del movimiento oficialista de Rafael Correa, que también fue condenado a la misma pena e inhabilitado políticamente, mientras que la condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht, referente a los sobornos pagados por la constructora brasileña.
El exvicepresidente se encontraba en la embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, donde solicitó asilo al haber rechazado los cargos y acusaciones en su contra, además de declararse un perseguido político y víctima de “lawfare” (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), al igual que Correa, que cuenta con la condición de refugiado en Bélgica.
Sin embargo, para el Ejecutivo ecuatoriano, la administración de López Obrador “ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
“Ha violado (también) su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción, de conformidad con el Artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, y los Artículos 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003”, concluyó.
